Columna de Opinión

Hacia un gran acuerdo nacional

La Salud Pública está en la UCI. Es lo que se puede concluir al revisar diversos indicadores de gestión: se incrementó el número de pacientes en listas de espera AUGE, se duplicó la cantidad de personas que necesitan una cirugía no AUGE y lo mismo en el caso de quienes requieren una consultas médica de especialidad.
La deuda hospitalaria -otro indicador que se ha incrementado en forma explosiva y sin control-, terminó el 2017 en $ 650 mil millones y con aportes extraordinarios de $ 320 mil millones que realizó la Dirección de Presupuesto y este año podría cerrar con $ 800.000.
Respecto de la infraestructura hospitalaria, en la administración pasada se sumaron apenas 537 camas de las más de dos mil prometidas, un 21,5% de la oferta original, construyéndose 17 hospitales comunitarios, que son de menor tamaño y complejidad.
Adicionalmente, se han generado grandes atrasos en la infraestructura hospitalaria. Varios hospitales requieren ser licitados por dos, tres y hasta cuatro veces para lograr su adjudicación y ejecución, por bases de licitación complejas y anticompetitivas, con costos finales muy elevados. Un caso emblemático es el hospital de Calama cuyo costo por mt2 se empina por sobre los 140 UF /mt2, mientras que el Hospital de Antofagasta (concesionado) sólo fue de 52 UF/mt2. Calama es el hospital más caro del país y con una serie de ampliaciones de obras y plazos adicionales con gastos crecientes autorizados que sobrepasan los $ 120 mil millones.
Se agregan otros 40 proyectos abandonados, atrasados que se tendrá que analizar y auditar.
En conclusión, se heredó un sector publico polarizado, fragmentado, altamente endeudado y con compromisos muy parciales en infraestructura, gestión clínica, productividad laboral, mala valoración por la ciudadanía y con franco deterioro en las listas de esperas.
En el sector privado, en tanto, la baja legitimidad de las isapres por ausencia de iniciativas legislativas que regulen las alzas de precios y que terminen con la discriminación, es otro foco de preocupación.
Un sector de la ciudadanía asume que la seguridad social es sólo aquella que cuentan con el respaldo estatal, con la solidaridad pública y sin participación del área privada. Esta visión monocular ha retrasado y paralizado varios proyectos de ley que incluso están en el Congreso en fases avanzadas de discusión.
Las reformas del sector son urgentes. De ahí que el gran acuerdo nacional planteado por el Presidente Piñera, es un desafío importante donde se invita a que todos los sectores políticos trabajen de manera transversal en post de un bien común.
Lo prudente y real es solucionar los problemas en forma separada y de manera progresiva, pero integrada a las soluciones estatales. Este es el camino más correcto, sino los ciudadanos seguirán esperando.

Dr. Luis Castillo Fuenzalida
Ex subsecretario de Redes Asistenciales
Mikel Uriarte Plazaola
Ex director de Fonasa

 

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