La falta de profesionalismo de algunos y las altas cifras de estafas han dañado la industria de corretaje de propiedades. Ante ello, agentes inmobiliarios esperan con ansias desde hace casi tres años la aprobación de la ley que regulará este rubro, devolviendo la confianza perdida de la ciudadanía.
No es normal que existan casi 900 reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) entre 2016 y 2018 por incumplimiento de contrato de corredores de propiedades. Varios son los posibles factores que podrían explicar este fenómeno, pero el principal es la nula regulación estatal al trabajo que realizan estas personas.
El crecimiento de la mala fama que se ha generado en torno a este sector – que en muchas ocasiones se justifica por el mal servicio que dan algunos de ellos – obligó hace tres años a la creación de un proyecto de ley que busca regular este rubro, y que hoy está en su última etapa para aprobarse por completo. Éste contempla la profesionalización de los corredores, en conjunto a la creación de un Registro Nacional de Corredores de Propiedades que garantice la legalidad de su ejercicio.
Básicamente, lo que realiza un corredor de propiedad es ser mediador de la compra, venta y/o arriendo de inmuebles. En Chile existen entre 15 y 20 mil personas que se dedican a esta profesión, pero muchas no veces cumplen con la formación necesaria, la cual será un requerimiento una vez aprobada la ley.
“Con la nueva legislación se busca transparentar el negocio, pagar el IVA correspondiente, disminuir el lavado de dinero, y deshacerse de la mala percepción que tiene la sociedad sobre el rol de los corredores”, afirma Marcelo Nario, experto en gestión inmobiliaria y socio la red nacional Habiter, empresa de evaluación, arriendo y venta de propiedades.
Lo importante es retomar la confianza
El corretaje de propiedad mueve cerca de 200 millones de UF al año, lo que llama mucho la atención a posibles estafadores dentro de la industria. “La informalidad y la falta de regulación crea los llamados Corredores de Maletín. Estas son personas que no cuentan con una oficina, imposibilitando su ubicación. Además, basan su empresa en una línea telefónica, lo que genera molestias para los consumidores y repercute en una difamación del rubro”, señala Nario.
En ese sentido, lo que busca el proyecto de ley es evitar el aumento de corredores falsos o informales, profesionalizando el rubro, para que las personas vuelvan a confiar en los servicios que ofrecen estos agentes inmobiliarios asociados a empresas formales y de prestigio.
Para el experto, el gremio ya se está preparando para recibir y cumplir con los requerimientos de la ley, por lo que algunas corredoras de propiedades están ofreciendo cursos para profesionalizarse. “Creemos que lo que debería ocurrir es que la mayoría de los corredores informales tendrán que decidir si hacen el curso y cumplen con la norma, o sumarse a una oficina ya establecida, o si definitivamente saldrán del sistema. Pase lo que pase, la sociedad se va a beneficiar de estos cambios”, asegura.
