- El proceso de agilización de trámites en los municipios podría comprometer el control médico necesario para garantizar que solo personas aptas conduzcan, generando preocupación entre los expertos en seguridad vial.
Debido al colapso en la tramitación de licencias de conducir, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) anunciaron medidas para agilizar el proceso y evitar más demoras. Este aumento en la demanda se debe al fin de la prórroga para documentos vencidos entre 2020 y 2024 por la pandemia.
En concreto, se propone que personal municipal calificado, aunque no médico, colabore en la toma de exámenes bajo supervisión profesional. Además, los Gabinetes Psicotécnicos podrán operar en distintos locales municipales e incluso llevar a cabo operativos móviles para acercar el servicio a la ciudadanía. Asimismo, se eliminó la restricción de residencia, permitiendo realizar el trámite en cualquier municipalidad del país.
Si bien estas medidas ayudarán a aliviar la carga administrativa de los municipios, expertos advierten sobre los riesgos de relajar controles médicos en la entrega de licencias. Luz Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), enfatiza la importancia de mantener una evaluación médica estricta. “Buscamos garantizar que las evaluaciones sean accesibles, pero también rigurosas”, manifiesta.
En este contexto, el proyecto de Ley Jacinta, actualmente en discusión en el Senado, propone nuevas exigencias para la obtención y renovación de licencias de conducir. La iniciativa establece que los conductores deberán declarar bajo juramento no padecer enfermedades que los inhabiliten para conducir y endurece las sanciones para quienes oculten condiciones médicas que puedan afectar su capacidad al volante.
Adicionalmente, ante el colapso en los municipios, se incorporará al proyecto de ley una indicación que otorga una alternativa para aliviar su carga sin comprometer la exigencia de los controles médicos. Esto se logrará mediante un modelo híbrido que extiende las evaluaciones al ámbito privado.
Esta opción permitiría que, cuando sea necesario, los centros de salud privados apoyen a los municipios en la realización de controles médicos.
“La indicación que incorporaremos como parte de este proyecto permitirá que otros organismos de salud realicen los exámenes de evaluación de condiciones físicas y psíquicas para la obtención de licencias de conducir, bajo determinadas condiciones y con previa autorización estatal”, explica Infante.
El proyecto de Ley Jacinta busca fortalecer la seguridad vial mediante una regulación más estricta que garantice que solo personas aptas puedan conducir, reduciendo así el riesgo de accidentes. Al mismo tiempo, establece un marco de protección integral para las víctimas y sus familias.
“Ley Jacinta no solo viene a ofrecer protección en el impacto económico de estos hechos, sino que también abarca su dimensión laboral, judicial y humana, con el objetivo de agilizar la asistencia y brindar apoyo en momentos tan críticos como estos. Representa un paso clave hacia una mayor justicia y seguridad en las calles”, expresa Max Schnitzer, abuelo de Jacinta e impulsor del proyecto.
